¡Puras cochinadas!

Gerardo Mosqueda

Fue lo menos que pudo decir uno de los ciudadanos, al que le “vendieron” la despensa de la cruzada contra el hambre, alimentos podridos, latas con la caducidad vencida, desde luego que había que identificarse con la credencial para votar y pagar 65 pesos, el operador de este chantaje, representante del PRI de la ciudad de Irapuato.

El inventario estratégico está completo: un programa federal, una colonia olvidada por las autoridades, un grupo de familias pobres, un ciudadano con poco dinero, un operador “inteligente”, un padrón actualizado, una despensa, un potencial número de votantes, un partido político, un calendario de visitas, una lista de promesas..

A trece meses de la elección intermedia del 2015 hay que ensayar la operación territorial, la compra de voluntades y la rentabilidad electoral. Los que necesitan casi de todo, tienen hambre hoy, también tendrán hambre dentro de nueve meses, as que se requiere “aclientarlos” desde ahora. Con un operador entrenado, eficiente, disciplinado… Hay que asegurar los votos a como de lugar, lo que eso signifique.

Así se entiende la Justicia Social, eje de la ideología del PRI, es decir, justicia social es igual a la operación territorial que asegure los votos de los pobres para “cambiar el sentido de la votación” en un distrito y en un municipio. Para ello hay que alinear todas las variables electorales y ponerlas en función del candidato, el que venga; como se llame, eso no es tan importante, sólo hay que cumplir con los requisitos constitucionales, adicionalmente, en la próxima elección tendrá que haber la mitad candidatos hombres y la mitad candidatas mujeres.

Bajo el prisma de “Justicia Social” descrito se requieren más los operadores políticos (así les llaman) que los mismos candidatos, si con la operación se aseguran los votos, que importa que no tenga proyecto, visión, educación, valores, capacidad de trabajo. Con que tengan unas despensas, aunque estén podridos los alimentos: que esperaban por 65 pesos, además falta mucho para las elecciones.

El más lamentable de los escenarios es que todos los partidos políticos entren a la dinámica de habilitar a sus “operadores” y no importando los colores de partido para el cuál operen, pongan a disposición del candidato un número de votos que han venido “trabajando” para “asegurar” la elección.

Habrá ley secundaria que los legisladores piensen que deba especificar qué hacer con los delincuentes electorales. Aún tienen tiempo, siguen regateando los términos y faltan 72 horas para el 30 de abril. 

Seguiremos viendo cómo se consiguen votos a cambio de despensas, enseres de pequeños negocios, becas escolares, cheques de pro-campo, ayudas para adultos mayores, uniformes, tarjetas monex, atenciones médicas, etc. Dependiendo de las posibilidades que tenga el grupo que aspira a posiciones de poder, dependiendo de las ambiciones de la autoridad en turno, dependiendo del acceso que tengan a dinero ajeno, dependiendo de la habilidad de los “operadores”.

Seguiremos siendo testigos de “puras cochinadas” porque los que dan la línea a los operadores ya están ideando mejores fórmulas para que no se pueda impugnar ni proceder legalmente.

Hoy tiene los partidos políticos la posibilidad de recuperar, aunque sea poco, de la confianza que necesitan de los ciudadanos. Hay más rentabilidad política con transparencia y rendición de cuentas, que con acciones turbias y operadores expertos en delinquir para conseguir los votos que buscan. Es la oportunidad de depurarse de maleantes, cabezas de grupos manipuladores que le están endosando a los partidos todas las consecuencias de sus nefastas acciones de corrupción y opacidad.

Hasta la próxima en PROSPECTIVA.

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