Magistrado libera a presuntos violadores de menor de edad

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Otro caso de falla en la aplicación de protocolos de género en el Poder Judicial, esta vez en San Luis de la Paz.

San Luis de la Paz | Redacción | 25 de marzo de 2014

En medio de la polémica reciente por la falta de aplicación de protocolos de género en los procesos judiciales de nuestro Estado, un Magistrado libera a dos inculpados de violación calificada.

En nuestra edición número 44, informamos el lamentable suceso en el que una menor de edad fue víctima de violación múltiple. En aquel momento, reportamos que la autoridad ministerial le había advertido que era probable que no hubiera delito como tal en lo ocurrido, pues había indicios de “consentimiento” de su parte.

Luego de la investigación respectiva que llevó a la prisión preventiva a dos inculpados, éstos solicitaron un amparo ante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

“Es de explorado derecho que en delitos de ocultación, adquiere relevancia superlativa el dicho de quien lo resiente”. Esa premisa, citada por el propio Magistrado Supernumerario de la Tercera Sala en Materia Penal, fue nulificada líneas más abajo por él mismo sin atender a cabalidad los relatos y argumentos de la denunciante. En cambio, da credibilidad a los inculpados y les otorga amparo que los libera de la prisión preventiva y del proceso mismo.

En este asunto particular, el Ministerio Público presentó a la Juez de control de la causa una carpeta de investigación para abrir un proceso que dirimiera la controversia e impartiera justicia penal. Al fallo de la Juez para vincularlos o sujetarlos al proceso, recayó la inconformidad de los abogados defensores de los inculpados.

El cargo es violación calificada, por haberse cometido por dos personas en contra de la víctima. En la declaración de la menor, relata que fue bajo el influjo del alcohol que le cometieron tal delito; pero la defensa argumenta que no se encuentra debidamente demostrado que ella haya estado imposibilitada para resistirse.

De tal manera, sin aplicación de protocolos de género, obligatorios para cualquier juez o magistrado del país por razón de legalidad y para proteger los derechos humanos de la víctima, el Magistrado hace suyo ese razonamiento y resuelve que hay una causal de exclusión del delito al no probarse que la ebriedad fuera a tal grado que ella no hubiera podido defenderse.

Gustavo Isidro Araiza Castro considera pues, que cuatro cervezas no son suficientes para embriagar y que el relato de la menor “resulta inverosímil” e insuficientes las pruebas, agrega que “se actuó con el consentimiento válido” de ella y bajo ese “razonamiento” libera a los inculpados de la prisión preventiva que como medida precautoria se les había interpuesto la juez y los libera también del proceso. Ello resulta así, porque lo que nulifica Araiza es precisamente la orden de seguirles un proceso.

Resulta particularmente curioso que al consultarse el currículum de este Magistrado en el portal del Poder Judicial, se lee que precisamente su tesis de grado como Licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato sea “El Estado de Ebriedad en la Comisión de los Delitos”.

Las reformas en materia de derechos humanos y un nuevo orden constitucional y convencional acorde con toda la legislación internacional deben ser aplicadas por cualquier juez y tribunal del país de manera obligatoria. Resulta de toral importancia que habiendo certeza de la comisión de una conducta delictiva, una visión legalista sin perspectiva de género impida el acceso a la justicia a una menor de edad.

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