Guanajuato, territorio del desamparo institucional de las víctimas de violencia de género

 

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Palacio Legislativo | Malú Micher | 28 d octubre de 2013

Comunicado de la Diputada Federal Martha Lucía Mícher Camarena:

“Ante los graves acontecimientos de violencia en contra de las mujeres, que siguen siendo el pan de cada día en el estado de Guanajuato, ha quedado de manifiesto en la opinión pública, el hartazgo y el repudio social por la misoginia y al cotidiano desprecio institucional por la vida de las mujeres, que ahí prevalece.

La actuación de las autoridades ante la denuncia de hechos por violación presentada por Ana Karen, ya no nos sorprende, es uno más de la creciente lista de casos que dan cuenta de la violencia feminicida en esa entidad, situación ante la que nos declaramos en alerta ciudadana, pues en Guanajuato las mujeres víctimas de violencia han sido despojadas de sus derechos y sólo reciben la rudeza de un indignante desamparo institucional.

Ana Karen, una joven de 17 años, originaria de San Luis de la Paz, Guanajuato, fue víctima de privación ilegal de la libertad y de una violación multitudinaria el pasado 21 de octubre, y una vez más las autoridades actuaron erráticamente, no sólo violentando el derecho de Karen de acceso a la justicia, sino colocándola en una situación de extrema vulnerabilidad que pone en riesgo su vida, al desestimar su denuncia por violación multitudinaria, bajo el prejuicioso argumento de que no había opuesto resistencia.

Reprochamos la irresponsable actuación de la encargada de la Unidad de Delitos Graves, María Victoria Sánchez González, quien al igual que sus colegas en casos anteriores, incumplió las obligaciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, y no expidió ni ejecuto ninguna orden de protección, ni garantizó la integridad física de Karen, tampoco garantizó de manera expedita su acceso a la justicia plena; mucho menos aplicó un protocolo especializado con perspectiva de género, la funcionaria hizo justamente lo contrario, re victimizó, humilló y discriminó a Ana Karen.

Al parecer, el Gobierno de Guanajuato no acaba de entender que es su responsabilidad garantizar la libertad, la integridad y la vida de las mujeres, que le corresponde tomar las medidas necesarias para eliminar la violencia y discriminación en contra de las mujeres y que es a él quien debe generar condiciones que permitan a las mujeres vivir una vida libre de violencias.

Demandamos un alto a la violencia feminicida y a la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, pues aquellas que por suerte logran sobrevivir, además de soportar la indignación de los terribles actos de violencia sexual en su contra, han tenido que enfrentarse a los prejuicios, los malos tratos, la insensibilidad y la discriminación de las autoridades.

Cristina Torres, Juana Meza, Jessica González y una larga lista de víctimas de feminicidio; Laura Patricia quien en tres ocasiones previas a su asesinato, había denunciado la violencia en su contra ante el Ministerio Púbico, y ahora el caso de Ana Karen, son muestra suficiente para denunciar que las mujeres de Guanajuato están en riesgo, porque ahí prevalece la discriminación y la violencia institucional, día a día la impunidad gana terreno y con ello la descomposición social que hace permisiva y normaliza la violencia en contra de las mujeres, mientras la autoridad sigue inerte.

La ceguera del gobierno y sus cifras maquilladas han generado consecuencia fatales para las mujeres, tal como lo demuestra la organización de la sociedad civil ¨Las Libres¨ que ha documentado el incremento de la violencia feminicida, como lo reflejan sus registros, que señalan que en 2006 sumaban 33 y hoy en día al 17 de octubre de este año ya suman 60 feminicidos.

La irresponsabilidad de las autoridades ante estos hechos es insostenible, las graves omisiones en el tratamiento de los delitos de violencia sexual y los feminicidios; así como el incumplimiento de su obligación de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, son elementos suficientes para prever que podríamos estar ante un caso similar al conocido como “Campo algodonero”, cuya sentencia de 2009 condenó al Estado Mexicano culpable por no garantizar la vida, integridad y libertad de las víctimas y, en la que recomienda que se investigue a los funcionarios que han cometido irregularidades; que se estandaricen los protocolos y manuales de investigación de delitos relacionados con violencia sexual y homicidio de mujeres con perspectiva de género y que se capacite permanentemente a las y los funcionarios en derechos humanos con perspectiva de género.

Por ello le recordamos a las autoridades de Guanajuato que también tiene obligación de cumplir con los compromisos contraídas por el Estado mexicano al ratificar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), pues resulta preocupante que los niveles de violencia, sobretodo la violencia institucional en contra de las mujeres indican que en Guanajuato hacen caso omiso de los instrumentos internacionales de derechos humanos y dicha omisión debe ser sancionada.

Consideramos también que las instituciones de derechos humanos deben investigar oficiosamente lo que está sucediendo, nos parece un abuso de autoridad que las y los funcionarios responsables de la investigación de los delitos, suplan la perspectiva de género y derechos humanos, por una serie de prejuicios y criterios discriminatorios, que vulneran sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres.

Por todo ello, expresamos nuestra solidaridad a las víctimas y exigimos un alto a la violencia en contra de las mujeres y a la impunidad, tanto de los agresores como de las y los funcionarios responsables de ello. El gobierno de Guanajuato está en deuda con las mujeres, las niñas, las jóvenes, las madres, las abuelas, que están esperando salvar sus vidas.”

 

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