Diputada reprocha violencia institucional al Gobierno de Guanajuato

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Estado | Maricarmen Rivera | 7 octubre de 2013

La Diputada Federal Martha Lucía Micher Camarena reprocha, mediante un comunicado en sus redes sociales, la cadena de violencia que ha sufrido Lucero Saldaña señalando que “además de haber sido víctima de violencia física y psicoemocional por un sujeto, sufrió también los embates de la violencia institucional a cargo de agentes del Ministerio Publico y en particular de la Juez Paulina Iraís Medina […] que como es sabido, realizaron una deficiente integración de la averiguación previa”.

Señala también que el Gobierno de Guanajuato ha sido omiso en el cumplimiento de las obligaciones que le marca la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, específicamente lo dispuesto por el artículo 49, fracción vigésimo segunda que le marca: “Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: a) Derechos humanos y género; b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio y: c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres.”

Concluye con un enérgico llamado al Gobierno de Guanajuato a subsanar las omisiones y corregir los errores acumulados en este caso de violencia institucional.

Reproducimos su texto íntegro:

“El caso de la joven María de la Luz Salcedo Palacios a quien de cariño llaman Lucero, quien además de haber sido víctima de violencia física y psicoemocional por un sujeto, sufrió también los embates de la violencia institucional a cargo de agentes del Ministerio Publico y en particular de la Juez Paulina Iraís Medina, es sin duda, un claro ejemplo del deplorable nivel en el que se encuentran el derecho al acceso a la justicia para muchas mujeres víctimas de violencia en el estado de Guanajuato.

Consideramos inaceptable la lamentable e irresponsable actuación de los agentes del Ministerio Público plagada de prejuicios y sin visión de género, que como es sabido, realizaron una deficiente integración de la averiguación previa, en detrimento del derecho a al acceso a la justicia de Lucero. Situación que no resulta extraña, pues sabemos que el Gobierno de Guanajuato, ha hecho caso omiso de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que señala en su Artículo 49 fracción XXII que corresponde a los estados: “Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: a) Derechos humanos y género; b) Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio y: c) Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros.

Aunado a este desacato a la Ley General, nos indigna de sobremanera el irresponsable y nocivo desempeño de la Juez Paulina Iraís Medina, quien durante el juicio violentó el derecho de la víctima a la justicia, al debido proceso, a no ser discriminada, al respeto y resguardo de integridad y privacidad a tal grado, que durante la audiencia no sólo re-victimizo a Lucero sino que, con su apreciación estereotipada y colmada de prejuicios la colocó en una situación vulnerable en la que paso de ser víctima a victimaria. Más reprochable aún en la conducta de la Juez, es el hecho de no haber valorado el riesgo que implicaba para la víctima, el que el agresor enfrentara en libertad el proceso y no garantizar la seguridad de Lucero a través de las medidas de protección que prevé la Ley. 

Consideramos que casos como el de Lucero, son ya la gota que derrama el vaso y hacen insostenible la actitud de desprecio en contra de las mujeres que ha mostrado el Gobierno de Guanajuato, al negarse a armonizar su marco jurídico con los instrumentos internacionales de derechos humanos; con nuestra Constitución; con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y; con la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres, todo ello en detrimento de sus derechos.

Vemos con preocupación que la resistencia caprichosa e irresponsable del gobierno de Guanajuato a desarrollar una política pública que garantice efectivamente el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, ha tenido consecuencias incluso fatales en la vida de las mujeres, prueba de ello son el incremento en los feminicidos, los caos de mujeres injustamente privadas de su libertad por aborto y la normalización de la impunidad ante la violencia de género, situación que más allá de ir en dirección contraria a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las políticas internacionales, coloca a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo inminente de sufrir inclusive violencia extrema en su contra, como lo demuestra el caso de Lucero.

Le recordamos a las autoridades del gobierno de Guanajuato y en particular a la juez Paulina Iraís Medina, que el propio Comité de la CEDAW recomendó en 2012 al estado mexicano, entre otras cosas; “adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer”. No omito mencionar, que el propio Comité ha insistido a las autoridades mexicanas, que las citadas recomendaciones son igualmente vinculatorias para los gobiernos estatales.

Por ello le reiteramos que juzgar con perspectiva de género, no es un asunto opcional mucho menos sujeto a la idiosincrasia de los operadores de la Ley, juzgar con perspectiva de género es una obligación desde la perspectiva de los derechos humanos, para garantizar a las mujeres su pleno derecho al acceso a la Justicia, tal como lo ha plasmado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. 

Finalmente hacemos un llamado a las autoridades de Guanajuato para que subsanen las omisiones y los errores acumulados en un basto antecedente de violencia institucional en contra de las mujeres; para que frenen también las prácticas discriminatorias que impiden a las mujeres el acceso a la justicia y adopten la perspectiva de género y de derechos humanos en el desarrollo de un marco jurídico y de una verdadera política pública que prevenga, atienda y erradique la violencia contra las mujeres, que tanto ha lastimado a la población guanajuatense.”

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