La verdad acerca del DAP | Por Pedro Espino Miranda*

Pedro Espino Miranda

Desde que el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó las Leyes de Ingresos para cada uno de los municipios del Estado para el ejercicio 2013 y las modificaciones a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, se estableció la obligación de cada municipio de hacerse cargo del pago por consumo de energía eléctrica del alumbrado público, a la empresa proveedora de la energía, que es la Comisión Federal de Electricidad, CFE.

Las aprobaciones incluyen –después haberse reformado-, la entrada en vigor del nuevo esquema a partir del 1 de septiembre de 2013; establecer una tarifa para el pago de derechos que incluya cobrar no solamente a los usuarios del servicio de energía eléctrica contratados con CFE, sino también a los propietarios o poseedores de predios sin servicio de energía eléctrica; se permite la actualización de valores considerando índices muy anteriores (para la tarifa 2014 se considerará el índice nacional de precios al consumidor, INPC, de noviembre 2013/2012); se establece el concepto de costo anual global actualizado y se deberá firmar convenio con la CFE para no perjudicar la economía de la población; se establece un tope del 8% del consumo de energía que genere cada usuario (al menos por el ejercicio 2013).

Pasemos al análisis:

¿Qué es el DAP? (Deficiente de Alumbrado Público).- Es la cantidad que se debe pagar a la CFE, resultante del costo de la energía eléctrica que se consume en el alumbrado público, menos la recaudación que hace la CFE a través de sus avisos-recibo (8%) a cada uno de los usuarios contratados con CFE para recibir el servicio de energía eléctrica.

¿Qué es el alumbrado público? Se conforma por las lámparas instaladas en las calles y avenidas, en parques y jardines, plazas, entre otras, todas con características de ser públicas.

¿Quiénes son los usuarios del servicio de energía eléctrica? Son aquellos que contratan con CFE que ésta les suministre la energía eléctrica en sus hogares, oficinas, negocios, industrias, entre otros.

¿Quiénes son los propietarios o poseedores de predios de servicio de energía eléctrica? Aquellos predios que se encuentren en una calle o avenida que cuente con alumbrado público que deberán pagar por el servicio de alumbrado público, lo cual es entendible puesto que ahí está brindándose el servicio. Sin embargo, hay otros casos: las colonias, calles, avenidas que no cuentan con el servicio de alumbrado público; existen predios netamente agrícolas o que solo se utilizan para criar ganado que están alejados de la mancha urbana y no gozan del servicio de alumbrado público; los propietarios o poseedores de 2 ó más predios deberán pagar la tarifa por cada predio.

¿Cómo cobrar a los usuarios la tarida que se apruebe? El cobro de estos derechos de alumbrado público se hará de dos maneras:

          1. Previo convenio Municipio-CFE, será la CFE la que continúe cobrando a través de los recibos que emite para cobrar la energía eléctrica consumida por cada usuario. En este punto se presenta un problema ya que de acuerdo a lo establecido, el pago de estos derechos debe ser mensual y la CFE emite recibos de manera bimestral.
          2. Será cada municipio bajo sus propias reglas y procesos administrativos quienes cobren estos derechos a los propietarios o poseedores de predios que no tengan contrato de energía eléctrica con CFE.

El costo anual globalizado erogado por el municipio para la prestación de este servicio (el alumbrado público) tal como se define en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, es la suma que resulte del total de las erogaciones por gasto directamente involucrado con la prestación de este servicio, traídos a valor presente tras la aplicación de un factor de actualización que se obtendrá para el ejercicio fiscal en que se cobrará el derecho, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o cualquier indicador que en su momento lo sustituya, del mes de noviembre del año inmediato anterior entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor, o cualquier indicador que en su momento lo sustituya, correspondiente al mes noviembre del año anterior al año considerado como inmediato anterior.

Esto además de sonar complicado, “actualiza valores” por ejemplo para el ejercicio 2014, considerando el INPC u otro factor será el INPC de noviembre de 2013 entre el INPC de noviembre de 2012. ¡Vaya actualización!

Cabe recordar que las iniciativas de leyes de ingresos municipales deben ser aprobadas por los municipios antes del 15 de noviembre de cada ejercicio, de modo que lleguen al Congreso a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al que van a iniciar vigencia, de modo que el Congreso las apruebe y las convierta en Leyes de ingresos, lo que significa que de entrada, no conocerán los Ayuntamientos ese factor, por el mero hecho de no haber concluido los meses de referencia.

El Congreso del Estado en varias reuniones con municipios ha incluido en sus sugerencias un formato para incluir los gastos que los municipios hacen en la prestación del servicio de alumbrado público, incluyendo el monto de las obras de electrificación relacionadas con este servicio; el problema es que representan montos seriamente elevados que a su vez elevan el cálculo de la tarifa que se está buscando aprobar. Además, visto desde la perspectiva de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas de información financiera del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, entre otras, la inversión en bienes no es parte del costo, salvo al depreciación  de los mismos, que en un ejercicio se puede determinar con diversos porcentajes, pero nunca el total en un solo ejercicio.

El verdadero problema de cobro (o no cobro) de los derechos de alumbrado público por parte de los municipios a los habitantes, se puede dividir en 2 partes principales: Los municipios “superavitarios” y los municipio “deficitarios”.

Los Municipios superavitarios son aquellos en la recaudación por concepto de DAP que todos los usuarios de CFE pagamos en nuestro recibo por energía eléctrica (8% del consumo), es superior al costo de la energía eléctrica del alumbrado público; de esto se desprende que estos municipios superavitarios están recibiendo en sus arcas municipales cantidades de medianas a grandes por este concepto.

Estos municipios son León, Irapuato, San Miguel de Allende, Celaya, Apaseo el Grande, San José Iturbide y Villagrán[1]. Representan el 17.39% del total de los municipios del Estado.

En este orden de ideas, es a estos municipios a los que les debe preocupar dejar de recibir estos ingresos, los cuales actualmente solo son del orden del 30% del superávit obtenido, ya que el 70% restante se reparte entre los municipios deficitarios para que éstos paguen a CFE menos DAP que el que realmente les corresponde.

La tarifa aprobada deberá ser de carácter general, lo cual significa que si se aprueba, como mero ejemplo, en 100 pesos mensuales, la deberemos pagar cada uno de los usuarios de CFE y los propietarios o poseedores de predios sin contrato con CFE y los comercios, oficinas y empresas que por lo regular pagan un DAP mayor e incluso mucho mayor que la tarifa ejemplificada, dando como resultado que la recaudación será menor, disminuyendo el superávit e incluso pudiendo resultar en la conversión de alguno de estos municipios como deficitario.

De esta manera, si actualmente en su hogar consume 500 pesos por energía eléctrica, sin IVA, usted también está pagando 40 pesos bimestrales, o lo que es lo mismo 20 pesos por mes por el tan traído DAP.

Una empresa que actualmente pague a CFE 100 mil pesos por energía eléctrica, también paga 8 mil por el DAP bimestrales; en ambos casos deberán pagar la tarifa que en este ejemplo es de 100 pesos mensuales.

Sin embargo, los porcentajes 70-30 del superávit que actualmente se maneja, dejará de tener efecto al entrar en vigor las leyes de ingresos y la de Hacienda para los municipios, en otras palabras, percibirán el 100% del superávit.

En el peor de los escenarios la preocupación de los municipios superavitarios debe concentrarse únicamente en la diferencia real que dejarían de percibir y sobre todo, en la diferencia que pudiera significar un déficit en los derechos de alumbrado público.

Los municipios deficitarios sufrirán un efecto contrario al de los superavitarios. Como ya se anotó, los deficitarios reciben en conjunto el 70% del superávit obtenido por los municipios superavitarios, lo que crea el efecto de que los deficitarios paguen menos a CFE de lo que realmente les corresponde. Esta situación dejará de tener vigencia al inicio del nuevo esquema.

Ejemplificando esto, el municipio de Tierra Blanca tuvo en 2012 un DAP real de 2 millones 600 mil pesos, de los cuales la actual Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Gobierno del Estado de Guanajuato, descontó de las participaciones, para el pago a CFE la cantidad de 2 millones 51 mil pesos.

De manera similar a los superavitarios la preocupación de los municipios deficitarios debe concentrarse únicamente en la diferencia real que tendrán que pagar de más a lo que ya pagaban.

De entre algunas opiniones de los usuarios, estos se preguntan: Entonces ¿también me pueden cobrar el servicio de seguridad pública? ¿Debo pagar por el servicio de limpia? Yo ya pago impuestos.

Se ha dado mucho énfasis al problema económico y se ha politizado hasta el cansancio, centrando el asunto en el aspecto financiero, pero el problema en verdad grave es la determinación de la  base de cobro para evitar la inconstitucionalidad.

Recordemos que La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido para que se cumpla con la garantía de justicia tributaria se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos:

a) Que la contribución se encuentre establecida en la ley;

b) Que sea proporcional y equitativa; y

c) Que se destine a cubrir los gastos públicos.

Si falta alguno de estos requisitos, necesariamente la contribución será contraria a lo establecido por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir inconstitucional.

Estos requisitos de  legalidad, proporcionalidad y equidad tributarias representan una salvaguarda para los contribuyentes y paralelamente un límite al legislador al establecer contribuciones. De estos tres, el que realmente ocupa a los municipios es el referente a la proporcionalidad y equidad.

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* Pedro Espino Miranda es Contador Público y Maestro en Finanzas. Autor de tres libros “Presupuesto Programático Una guía para la Administración Municipal”, “Análisis federal, estatal y municipal de la armonización contable de acuerdo a la Ley General de contabilidad gubernamental” y  “Caso práctico contable y presupuesta derivado de la ley general de contabilidad.” Con experiencia en formación, capacitación a gobiernos y el ejercicio de la función pública financiera siendo Tesorero Municipal en tres periodos municipales en Municipios de Guanajuato.

[1] Fuente: Pólvora e infiernitos. Periódico Correo 05/12/2012.

 

2 comments on “La verdad acerca del DAP | Por Pedro Espino Miranda*

  1. MIGUEL GARCIA AYALA dice:

    DONDE PUEDO CONSEGUIR SUS LIBROS,

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