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Contraloría Municipal: La hora de los ciudadanos

MaryC Rivera

“El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a la leyes.”

Marco Tulio Cicerón

¿Alguna vez frente a una nota periodística del quehacer público, de esas con las que uno no sabe si reír o llorar, te has preguntado qué le falta a la administración municipal para funcionar correctamente? Algunos pensamos que más que voluntad, orden y profesionalismo. Control interno, evaluación al desempeño, desarrollo administrativo, laboral y características más elementales como adecuada atención por auténticos servidores públicos.

No me lo vas a creer, pero ya existe desde hace mucho tiempo por ley, una dependencia que debe encargarse de eso, de prever, sugerir, sistematizar, vigilar y sancionar. Se llama Contraloría Municipal. ¿Y entonces…? Esa es la pregunta.

Hasta ahora (desde 1997), por disposición legal el Contralor ha sido elegido de entre una terna de propuestas que hacía la primera minoría en el Ayuntamiento, es decir, el segundo lugar de las elecciones. Aunque con un perfil específico entre el que destaca su formación académica en áreas legales, contables o administrativas, resultaba electo casi siempre un militante, más que afín, un incondicional  del partido proponente. Los resultados definitivamente no pueden generalizarse, han sido diversos en cada trienio y en cada lugar de Guanajuato.

Hay quienes tasan la poca presencia de litigios en tribunales administrativos que involucran a los contralores, demandantes o demandados, como un indicativo de éxito de la fórmula. Yo diría, que habiendo tantas problemáticas con procedimientos y funcionarios en todas las administraciones, resulta irreal que no haya correspondencia ni cercanía con el número de litigios formales de los son parte o emprenden y que eso lo que sí indica es que no hay un trabajo serio y profundo en el área.

Pero hoy esto puede cambiar porque está en mis manos la elección de un nuevo contralor para San Luis de la Paz en donde resido -en el caso tuyo en donde residas dentro del Estado-. Sí. En mis manos y en las tuyas, y en las de todas y todos. ¿Por qué? Por una reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato (LOM), que aunque fue aprobada desde el 2012, por los tiempos que vivimos apenas será realidad su aplicación con los nuevos Ayuntamientos.

¿Específicamente de qué hablo? Mira: El artículo 131 de la LOM establece que el contralor será nombrado de entre una terna que proponga ahora el Presidente Municipal. De estos tres, quien obtenga mayoría de votos será contralor, pero precisamente estos tres deben haber sido propuestos por nosotros los ciudadanos mediante una consulta pública.

La forma en la que se hará la consulta debe ser establecida por el nuevo Ayuntamiento, de hecho en su reglamento interno, y debe garantizar la participación de las y los ciudadanos en particular y de la sociedad civil organizada, es decir, las asociaciones y grupos formalmente constituidos. Todos podemos opinar.

Que el Ayuntamiento lo nombre debe ocurrir a más tardar el 15 de noviembre próximo, por lo que el nuevo Ayuntamiento tendrá los días contados para proponer y acordar el mecanismo si es que se quiere que haya tiempo también para que los ciudadanos nos organicemos y propongamos.

Ojalá que sí. Que la apertura a la participación ciudadana, siempre viva y amada en los discursos electorales, se note desde el primer día, y no con porras en la Explanada Matamoros, sino con acciones afirmativas para que los ciudadanos tomemos las riendas del control, evaluación y seguimiento de planes, programas y funcionarios a través de un profesional que nos represente en la Contraloría.

Cabe destacar que la ley dice claramente que si no cumplen con el procedimiento la designación podrá ser nula y será una violación grave a la ley.

Por lo pronto, en la sesión del 10 de octubre seguramente se propondrá a un Encargado de Despacho que actúe mientras se realiza la consulta y tenemos contralor ciudadano.

No puedo dejar de decir que en mi opinión este ínter es una excelente oportunidad para que en un mes un encargado haga un verdadero ejercicio de verificación de la administración pública que termina con el informe de entrega recepción.

¿Quién será el Encargado? No lo sabemos. Yo esperaría no estén pensando alargarle de manera inútil el periodo a un contralor que lo que menos demostró fue controlar.

¿Y quién será nuestro nuevo Contralor? Vayamos pensándolo y organizándonos. Si tú eres un ludovicense profesional, honrado, con título en áreas contables, jurídicas o administrativas con experiencia laboral de al menos tres años y no eres dirigente de partido ni fuiste candidato en la pasada elección ni eres del Ayuntamiento que sale, podrías ser tú; él o ella.consulta_ciudadana

Suena retador. Sé que es más fácil quejarse y criticar. Pero dicho de otro modo, esta es la hora de los ciudadanos. Hay que construir. Involucrase y opinar también es una forma quejarse en positivo. Lo más importante del proceso que se avecina es que ejerzas ese derecho ciudadano a la consulta, es hoy, es ahora, porque “si no te quejas… no te quejes”.

@riveramcarmen

Indemnizaciones a funcionarios: El alud que viene.

 

MaryC Rivera

La semana pasada la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un amparo conforme la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán sentando un precedente relevante para estos tiempos de transiciones gubernamentales.

El voto a favor fue para reconocer que los trabajadores de confianza del Gobierno Federal tienen tanto derecho a la indemnización de 90 días de salario más sus 20 días por cada año laborado, como lo tienen los trabajadores de base, argumentando que deben gozar de los mismos derechos a la estabilidad y permanencia en el cargo.

El fallo reviste importancia ante el anuncio de ajustes en el Presupuestos de Egresos de la Federación del próximo año en cuyas memorias de cálculo se estima el recorte de unos 16 mil funcionarios federales entre personal de honorarios y de estructura.

Y como no hay plazo que no se cumpla, el criterio resulta también relevante para todos los gobiernos municipales de Guanajuato en el cada vez más cercano diez de octubre y sus relevos en los gobiernos locales.

Si ponemos atención, la sentencia también puede leerse redundando en que no hay razón legal para destituir, remover o cambiar a los funcionarios, aún de confianza, por motivos presupuestales o términos de trienio o sexenio, hacerlo es lisamente un despido injustificado. Y en los hechos, para Guanajuato el criterio no es nuevo, nuestro Tribunal administrativo en numerosas controversias ha fallado en ese sentido.

¿Cuál sería entonces la diferencia? Supongo que la generalización de ese conocimiento y su práctica. Es decir, que no sólo uno o dos funcionarios llevaran a tribunal sus argumentos, sino la mayoría o la totalidad de ellos.

Hace unas tres semanas platiqué con el Alcalde Interino de San Luis de la Paz -abogado administrativista dicho sea de paso-, en una entrevista exclusiva sobre varios temas, hablamos también de las liquidaciones.

-¿Hay partida de liquidaciones Alcalde?- pregunté.

– Está contemplada una partida que prevé que los integrantes del Ayuntamiento recibirán la compensación que está contemplada en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la llamada “Ley de manos limpias” y recibirán éstos el Fondo de Retiro que desde el primer año se ha formado con las aportaciones que quedaron acordadas y las que hace el Municipio.- concluyó su respuesta.

Y luego de una pausa frente a mi silencio, de manera literal dijo que “es muy importante enfatizar en que la ley establece el cambio de gobierno y eso significa que se renuevan los Ayuntamientos y además de ellos el Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Contralor; después de ellos no hay más movimientos, no establece la ley que sea cambio de equipo” dijo. Remató argumentando que los trabajadores de base tienen derechos y el que el próximo gobierno deberá respetarlos y que si determina nuevos nombramientos habrá que respetar también los derechos que tengan los trabajadores de confianza.

O dicho de otro modo, al buen entendedor pocas palabras.  Llegará el día de tener juntos a los unos y a los otros, dos directores por dependencia o el pago millonario de indemnizaciones. ¿En cuánto nos saldrá el cambio de color?

El nuevo PRI y el viejo PRI son: El PRI.

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Aunque en ausencia de Timoteo Villa Ramírez –el priista número uno de San Luis de la Paz por su cargo-, se realizó hoy la asamblea electiva del PRI en la que por unanimidad y sin incidente alguno se designó a José Carlos Oliva Robles como candidato “oficial”. Y oficial le llaman los propios priistas.  Estuvieron presentes decenas de funcionarios públicos.

No sabemos todavía si el PRI tendrá en Oliva Robles el mejor candidato. Todo es posible.  Pero ¿sólo o con la ayuda de todo el aparato burocrático?. Las señales que se envían desde el poder político parecen ser favorables para el candidato electo, pero pero no para la democracia. 

¿A alguien le dice algo el término “elección de estado”? Porque aquí parece que se prepara una. Vemos señales de que los recursos públicos podrían usarse electoralmente. Sí lo parece. Si esto no es así, sería bueno que tampoco lo pareciera.

El mismo Presidente Municipal ha hecho público su apoyo su apoyo al ahora candidato electo, acompañándolo incluso en el acto de su registro, por señalar uno de los hechos más difundidos. El Director de Seguridad le manifiesta apoyo en términos de “continuación del proyecto”.

Hoy, por ejemplo, pudo verse al personal de la Coordinación de Comunicación Social de la Administración Municipal al servicio de la asamblea priista con equipo de video y fotográfico que parecía también el que usan en lo cotidiano. Dicho de otro modo: nuestras cámaras y personal para la continuidad del PRI. 

En esta situación ¿habrá garantías de equidad para la contienda que se avecina? 

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Fotógrafos en el evento. Uno de ellos de Comunicación Social.

Funcionarios y recursos públicos al servicio de las precampañas panistas

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A nadie le sorprende que las distintas oficinas del Gobierno del Estado de Guanajuato estén llenas de militantes del Partido Acción Nacional, ni que cada militante tenga “su corazoncito” en pleno proceso de elección de candidatos de ese instituto político.

Lamentablemente quizá tampoco cause sorpresa que los funcionarios públicos, servidores nuestros, dispongan de su tiempo laboral para hacer proselitismo político y apalancar a “su candidato”, “su gente” y “su corriente”.

Por estos días es frecuente llamar o visitar las oficinas públicas y no encontrar a sus titulares por aquello de que andan en precampaña.

Para muestra, un botón. Jorge Galván Gutiérrez, Jefe de la USAE en Silao, no ha podido ser localizado en su oficina. De acuerdo con información de maestros del  municipio, está apoyando al precandidato a la diputación local de ese distrito, Alejandro Navarro Saldaña.

Sólo por seguir en esa materia y nivel, lo mismo se reporta de Anabel Reyes Sánchez en Pénjamo, quien apoya a Raúl Contreras Chacón y Jorge Luis Contreras Juárez se ha convertido en la sombra de Antonio Arredondo Muñoz, en Salamanca.

Y los que no son funcionarios no “cantan mal las rancheras”, porque los que sí son funcionarios, les entregan sus funciones en propia mano, temporalmente. Les entregan los programas sociales que son  trabajo institucional para que capitalicen esa función del estado a su favor.

Tenemos en esta región el caso del precandidato a la diputación local, Guillermo Chavero Arvizu, sobre quien ese medio reportó que una beneficiaria de Becas que aseguró que antes gestionaba su apoyo en oficinas del PAN (malo); pero ahora tuvo que acudir al establecimiento del negocio particular de Chavero Arvizu (peor), a gestionar la continuidad de becas de sus hijos y sobrinos.

Así las cosas, los recursos humanos y materiales, que deberían estar sin más al servicio de la población, hacen escala en oficinas partidistas y hasta negocios particulares. Quizá también para servir a la población, pero en otro momento y con otras ganancias. O esa es su idea.

¿Qué dirán sobre el tema el Gobernador, la Secretaria de la Transparencia, los Presidentes, estatal y municipales del PAN, los precandidatos o los funcionarios? ¿Alguien?

Somos oposición o ¿no sabemos ser gobierno?

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Hace años, Soledad Loaeza dijo del Partido Acción Nacional que ese instituto era “la oposición leal en México”; también hay quienes afirman que el PAN sabe ser mejor oposición que gobierno.

Hoy en día, frente a una avalancha de reformas constitucionales, casi todas llamadas “estructurales” y la consecuente aprobación de leyes secundarias que fijen reglas para estos cambios, el PAN a nivel nacional ha jugado un papel fundamental para ese propósito o despropósito, según se le quiera ver. Recordamos todos, como el Pacto por México puntualizó una serie de objetivos de los que se cumplieron sólo algunos antes de disolverse y terminar por diluir también el papel político de una oposición.

Y es que se trata de un concepto fácil de entender y difícil de ejercer. Todavía algunos se preguntan si oposición es, como su nombre dicta, oponerse a todo. El PAN ha proclamado ser una “oposición de altura”, pero no es el caso en Victoria, Guanajuato.

El año pasado, en el primer informe de Gobierno del priista Víctor Velázquez Chavero, pude entrevistar a los regidores de oposición a quienes pregunté por qué fracasaron en el diálogo, la respuesta no fue clara pero aludía a “la prisa” y “deshoras” con que habían sido citados a la aprobación del informe. Cabe recordar que “se manifestaron” de pie en pleno acto de informe con letreros que mostraban sus demandas.

El pasado viernes, por segundo año consecutivo, volvieron a mostrarse inconformes en el informe de gobierno, esta vez sentados con su leyenda “Exigimos legalidad, transparencia y que los apoyos lleguen a la gente más necesitada”.

Nosotros también. Los ciudadanos también lo exigimos. Pero resulta que ellos son gobierno.

¿Qué clase de oposición espera un año para reiterar su exigencia de cuentas claras? ¿Cómo se entiende a un regidor riendo socarronamente en público como si el gasto público no fuera también su responsabilidad? El Presidente les pidió en su mensaje “más compromiso y menos protagonismo”, les dijo también que si no son parte de la solución son parte del problema. Les pidió asumir el compromiso de sus funciones.

Nosotros también. Los ciudadanos también lo exigimos. Porque para eso están ahí.

Y aclaro que no abordo en este espacio el fondo de sus quejas. Sólo pregunto por qué fracasa el diálogo entre funcionarios que están ahí ni más ni menos que para dialogar. Si la administración pública en Victoria es el desastre que dicen ¿por qué no lo solucionan?

Si sus recursos de exigencia en calidad de gobierno sólo llegan a la realización y colocación de mantas, francamente son una oposición bastante in-útil. De utilidad hablo. De representar efectivamente a los ciudadanos al interior del Ayuntamiento, de exigir con acciones legales y no con mantas que se respete la ley, que el gobierno atienda a los desprotegidos y que haya transparencia. De lo contrario su leyenda debería más bien decir “no sabemos ser gobierno”.

México perdió a un gran fiscal y jurista

 

MaryC Colortouch

Cualquiera en este país sabe que cuando las cosas se ponen mal, se nombran comisiones o fiscales, casi siempre para que se pongan peor. Lamentablemente.

Pero no fue el caso del asesinato del periodista Manuel Buendía Téllez-Girón en el año 1984, resuelto por el fiscal Miguel Ángel García Domínguez en 1989.

Para hablar del doctor García Domínguez, recién fallecido en España, reconocido jurista sanmiguelense con una larga trayectoria académica y de servicio púbico; abuelo de los actuales diputados Luis Alberto y Ricardo Villarreal García, es necesario hacer un recuento de esa trayectoria, pero también, me permito compartirles mi admiración por el fiscal del caso Buendía.

Narró Miguel Ángel Granados Chapa en su libro “Buendía: el primer asesinato de la narco política en México” quién dicho sea de paso fue su maestro y amigo; que el crédito absoluto de la investigación que sentenció y encarceló al entonces Director Federal de Seguridad (DFS) José Antonio Zorrilla, autor intelectual del asesinato de Buendía cuando se supo descubierta por el periodista su relación con el narcotráfico, fue del doctor García-Domínguez.

Recuerdo haber leído que la pista contundente que llevó la investigación hacia Zorrilla, fue el hallazgo en un arresto, en los meses posteriores al asesinato, de placas que acreditaban como agentes de la DFS a personal al mando de Rafael Caro Quintero.

 “Miguel Ángel García Domínguez organizó una investigación amplísima y lenta, cubrió varias pistas, incluido Zorrilla. Sin embargo, una vez que descubrió quién era el asesino, cuando estaba a punto de detenerlo, el fiscal enfermó, y el encargado de ir por Zorrilla fue el propio procurador Ignacio Morales Lechuga, quien personalmente lo aprehendió, pero como resultado de una investigación larga que debe acreditársele a García Domínguez.”, relató Granados Chapa en su libro.

Años más tarde, fue nombrado también tercer fiscal especial para la resolución del caso de la masacre de campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, del que, sin embargo, se encargó por un corto lapso de tiempo sin llegar a una resolución y nombrándose entonces a un cuarto fiscal. Mucho se dijo en los medios sobre su renuncia, pero lo cierto es que lo hizo porque el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo, no le dio garantías para llegar hasta las últimas consecuencias.

Cuenta la periodista Soledad Jarquín que el doctor García-Domínguez dejó inédito un libro sobre su trabajo en el caso Buendía, cuyo manuscrito ella misma hojeó y leyó brevemente el año pasado en San Miguel de Allende. Ojalá pronto estemos leyendo ese legado que resulta por demás interesante para quienes creemos que la libertad de expresión y prensa es una condición para la democracia de nuestro país. Queda esa tarea para sus descendientes, que seguramente será lograda exitosamente.

Hoy, a petición de la diputada Beatriz Zavala, el pleno de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en su memoria, y es que esta pérdida para las familias Villarreal y García no es sólo para ellos. Dicho de otro modo, México pierde a un grande, justo cuando nos están haciendo falta hombres cabales para momentos coyunturales. Descanse en paz Miguel Ángel García Domínguez. 

El Doctor Miguel Ángel García-Domínguez fue Diputado Federal por el 2° Distrito Electoral en la Delegación Gustavo A. Madero en el Distrito Federal, por el Partido de la Revolución Democrática; nació en San Miguel de Allende, Gto, el 20 de diciembre de 1931.

Estudió la primaria y la secundaria en su ciudad natal; el bachillerato en la Universidad de Guanajuato. En la Universidad Nacional Autónoma de México estudió la licenciatura en Derecho, la especialidad en Finanzas Públicas, la maestría y el doctorado en Derecho; habiendo obtenido el doctorado en Derecho con mención honorífica.

Fue profesor por oposición de Derecho Fiscal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante tres años fue Director del Seminario de Derecho Fiscal. Fue profesor de Legislación Tributaria Local y Municipal; de Derecho Fiscal Penal y de Teoría General de las Contribuciones, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En la Universidad de Guanajuato impartió Teoría General de las Contribuciones, Contribuciones en Particular y Derecho Procesal Fiscal y en el “Seminario sobre Proceso Penal Acusatorio en América Latina”, “Diagnóstico del Proceso Penal Mexicano”.

En el Instituto Nacional de Ciencias Penales, impartió Delitos Fiscales. Publicó entre otros libros: “Teoría de la Infracción Fiscal”, “Las Infracciones Administrativas Federales y su Impugnación”, “La Reestructuración de la Procuraduría General de Justicia del Estado”, “Los Delitos Especiales Federales”, “Derecho Fiscal-Penal”, así como numerosos artículos en diversas revistas jurídicas y ha dictado gran número de conferencias en diversas universidades e instituciones de educación superior.

Fue abogado postulante durante más de 20 años.

Fue Presidente del Colegio de Abogados de San Miguel de Allende, Gto. y de la Federación de Colegios de Abogados del Estado de Guanajuato.

Fue Primer Sub Procurador Fiscal de la Federación, Procurador General de Justicia del Estado de Guanajuato, Sub Procurador General de Justicia del D. F., Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato.

Primer año de gobierno en San Luis de la Paz

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En la primera edición del mes de marzo les compartimos algunas reflexiones bajo el título “¿Qué esperar del primer año de gobierno de San Luis de la Paz?”, publicación en la que hacía una revisión de los principales compromisos de gobierno plasmados en el Programa de Gobierno (antes Plan de Gobierno) tan solo en el rubro Social y Humano.

No podemos olvidar que estos compromisos constituyen, o deberían constituir, verdaderas obligaciones y guías del quehacer público en la administración municipal. Por ello, les propongo nuevamente centrar la atención en el contenido de este documento y verificar el cumplimiento de las metas propuestas para este primer año.

Deberíamos contar con un Programa de eliminación de drenajes y descargas a cielo abierto de aguas servidas y un Programa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Contar con un selectivo municipal por cada rama del deporte y la creación de un premio anual al mejor deportista ludovicense.  

Debió también concluirse la actualización de los planes de ordenamiento territorial para la cabecera municipal y Mineral de Pozos, un Programa Municipal de Transporte y Vialidad y Proyecciones y planes de vivienda.

Los funcionarios públicos debieron haber tomado una capacitación en perspectiva indígena; deberíamos también contar con un Reglamento para su representación ante el H. Ayuntamiento. De acuerdo con las metas, debió ya haberse integrado el nombre de San Luis de la Paz Nación Chichimeca, como oficial.

También se comprometió la promoción de hermanamientos de nuestro municipio, específicamente con Tlaxcala, Michoacán y con España, para lograr, según afirma el Programa de Gobierno, intercambios culturales y rescate patrimonial.

Hay otros compromisos en otros ejes que debieron haberse cumplido. Verifiquemos: ¿Todos los funcionarios se capacitaron ya en primeros auxilios? ¿Los ciudadanos hemos recibido capacitación para rescatar huertas y traspatios para producir flores de ornato y comercializarlas? ¿Tenemos ya un jardín botánico en la Prepa Oficial? ¿Alguien nos enseñó a hacer papel a partir de la pulpa de nopal?

¿Hemos recuperado la memoria histórica respecto a la “siembra” de agua? ¿Existe ya un estudio de mercado sobre productos agrícolas locales?

¿Podemos hacer trámites municipales en línea? ¿Contamos con e-SLP (Gobierno Electrónico)? ¿Tenemos internet abierto en los jardines de la cabecera municipal y en Mineral de Pozos? ¿Han visto ya alguna transmisión de sesiones de Ayuntamiento en tiempo real en web?  

¿Y la “reforma reglamentaria” que nos permitiría tener orden gubernamental? ¿La administración construyó edificios propios para desplazar las rentas actuales para dependencias?

Recordemos que en un primer momento el Ayuntamiento no aprobó el informe de gobierno propuesto porque no respondía al orden determinado en el Programa de Gobierno, pero finalmente tampoco se obtuvo en el informe un balance de la cantidad de metas propuestas contra las realizadas. De las más de 300 metas que contiene el documento completo, cabe un análisis a la tercera parte del camino por lo menos para ver en qué sentido se avanza, con voluntad.