Liébano Sáenz | Paralaje | Las otras reformas pendientes

El presidente electo, Enrique Peña Nieto, tiene la determinación de apoyar la aprobación de las iniciativas preferentes presentadas por el Ejecutivo. Es preciso señalar que todavía hay mucho por hacer en la reforma institucional para lograr un gobierno eficaz. Un lugar destacado de las reformas fue haber establecido iniciativas preferentes por el Ejecutivo al inicio del periodo de sesiones. La determinación del PRI de aprobar la reforma laboral en este periodo es un mensaje en la dirección correcta.

En la reforma institucional el tema central es los cambios para resolver la relación entre el presidente y el Congreso cuando no hay una mayoría absoluta afín al presidente en las Cámaras, realidad que se ha impuesto desde 1997. El multipartidismo, la competencia y la integración plural de las Cámaras reducen la probabilidad de que un partido obtenga la mayoría de los asientos legislativos. Una elección intermedia podría dar al presidente mayoría absoluta, pero solo ocurriría con la Cámara de Diputados, ya que el Senado se elige al mismo tiempo que el presidente.

En el pasado reciente ha habido propuestas interesantes para parlamentarizar al gobierno, como la de introducir la figura de jefe de Gabinete como instancia de engarce con el Congreso, quien sería designado por el presidente, pero votado por la mayoría de una o ambas Cámaras. Esta propuesta no ha sido aceptada porque fragmentaría el poder gubernamental y porque establecería una autoridad sin sustento democrático. Lo que se requiere es mejorar la eficacia del régimen presidencial en función de su propia naturaleza, determinada por la división funcional de poderes y el origen republicano de autoridad.

Es preciso resolver con claridad un eventual desencuentro del presidente con la Cámara de Diputados en la elaboración del presupuesto. No pueden ser los precedentes de la Corte los que definan los alcances del ámbito de competencia de la Cámara. Los calendarios del presupuesto deben revisarse para lograr un mejor tratamiento y que las diferencias se identifiquen y resuelvan a tiempo. Los presupuestos multianuales son indispensables, asimismo, separar el gasto jurídicamente comprometido del referente a políticas públicas. La situación llama a una profunda reforma hacendaria que modernice el sistema recaudatorio y, por otra parte, ratifique al pacto federal, respetando las atribuciones y obligaciones en la materia de gobiernos estatales y municipales. También deben darse mayores poderes al presidente en materia de veto.

La Oficina de la Presidencia debe tener expresión legal; sus funciones y criterios de organización no pueden estar sustentados en el acuerdo administrativo del presidente en turno. El modelo estadunidense ofrece un interesante e ilustrativo referente. La elaboración del presupuesto, la comunicación social, las relaciones políticas estratégicas y ciertas tareas de seguridad nacional son realizadas o coordinadas por la casa presidencial. En la administración de Franklin D. Roosevelt, tuvo lugar un traslado de poder del gabinete hacia la Casa Blanca, cuyo objetivo fue asegurar que el presidente cumpliera sus responsabilidades a plenitud. Mientras muchas naciones optaban por salidas totalitarias, la modernización de la presidencia en EU se enfocó en dotar al presidente con los instrumentos para cumplir sus responsabilidades en un marco de democracia, federalismo y división de poderes efectivos y competitivos.

Por su parte, el Congreso también tiene una reforma pendiente. Las actividades privadas remuneradas de los legisladores y de sus colaboradores deben ser reguladas. La transparencia requiere mayor impulso en el Congreso, y para ello debe establecerse una comisión de ética interna que haga cumplir las determinaciones de probidad y buen desempeño de los legisladores; se predica con el ejemplo. Por otra parte, está el tema de la facilitación de mayorías. Esto podría resolverse al eliminar la representación proporcional, reforma que, por cierto, resultaría a contrapelo de lo que sucede en el mundo y contraproducente para la pluralidad, además de los defectos de sobrerrepresentación que implica. Facilitar la formación de mayoría no puede darse a espalda de la representatividad propia del Congreso.

La reelección consecutiva de legisladores es otro debate en curso que divide a buena parte de los políticos, aunque en la academia la posición mayoritaria es a favor. Quienes se oponen señalan que una cosa son las bondades teóricas e hipotéticas de la reelección y otra, muy distinta, los riesgos implícitos, como el sometimiento de los legisladores a los factores que inciden en la reelección, no necesariamente los votantes; el potencial surgimiento de un populismo legislativo para asegurar la prolongación en el cargo y el freno a la renovación que actualmente existe en el Congreso. El hecho es que puede haber una mejora sustantiva en el desempeño de los legisladores sin que haya reelección. Quizás un paso inicial sería establecerla únicamente para diputados en ocasión de la elección intermedia.

Por lo que respecta a la integración de la Cámara de Diputados, podría considerarse la reducción de su número a 300, pero igualando la cantidad de legisladores electos por mayoría relativa con los de representación proporcional. Para efectos de eliminar la discrecionalidad de los partidos, se sugiere abrir las listas plurinominales; es decir, que sean los votos de los ciudadanos los que determinen, entre los propuestos, quiénes deben obtener la representación popular.

La renovación de poderes obliga a una reflexión objetiva e ineludible sobre las alternativas para mejorar la calidad del gobierno. El voto democrático no es suficiente como tampoco lo es la legitimidad derivada del mandato de los actores en el cumplimiento de sus tareas. El énfasis debe orientarse a las normas y a las instituciones que permitan potenciar ese mandato de las urnas y esa capacidad del gobernante. Esto es, un régimen que haga mejores a los mejores.

@liebano

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